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Dentro de la cotidianeidad en que vive una comunidad, la aplicación de una política pública que incida en cualquier rubro de su dinámica social (la economía, vivienda, salud, alimentación, educación) es vista, no como el resultado de un análisis del contexto en donde se pretenda implementar, sino como un intento del gobierno para solucionar una determinada problemática que afecta a los habitantes de su territorio. Si estamos de acuerdo en que la EFyD es un bien social al cual todos tenemos derecho: ¿Cómo es que la mayoría de nosotros no conocemos ni el concepto de política pública ni su proceso de elaboración? Y si lo sabemos ¿Porqué no incluyen en su estructuración a los especialistas en el tema? Es cierto que debemos de exigir formar parte del accionar de la administración pública orientada a la EFyD; pero será nuestra obligación estar enterados de su funcionamiento, de manera que nuestra participación pueda alcanzar un nivel óptimo y, facilitar así, una futura inclusión en los planes de desarrollo gubernamental.

    Una vez que da inicio un nuevo período de gobierno, la administración se da a la tarea de organizar su funcionamiento. En México este tipo de “preparación” es llamado: Planes de Desarrollo (Municipal, Estatal y Nacional). En ellos están inscritos todas y cada una de las “intenciones políticas” que, a su parecer, darán solución a los diversos problemas que aquejan al país.

    Cada plan de desarrollo esta dividido, como lo indicamos en el párrafo anterior, por rubros, y por consiguiente la EFyD posee un apartado, muy pequeño por cierto, pero por lo menos es tomado en cuenta. En dicho apartado se establecen los diferentes lineamientos que regirán el accionar del Administrador Público Deportivo (ver artículo del mismo autor en el #34 de la revista digital efdeportes.com) y le asignarán las estrategias con las cuales deberá alcanzar los diferentes objetivos establecidos.

    Es aquí en donde el APD se pregunta: ¿Quién o quienes idearon las políticas? ¿Cómo las estructuró? ¿Esta lo suficientemente enterado del accionar de la EFyD, como para determinar qué hacer o qué no? ¿Porqué no participa el APD y su equipo en la elaboración de las políticas públicas orientadas a la EFyD? ¿Porqué son remitidos únicamente a su operatividad?

    Antes que justificar el porqué el APD debe de participar en la elaboración de políticas públicas orientadas a la EFyD; en este artículo expondremos brevemente cómo se elabora una política pública y por que es importante que nosotros comprendamos sus orígenes y las razones por las cuales, en un determinado momento, el gobierno las implementó.

    Por política pública podemos entender: El conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Además, para que una política pueda definirse como “pública” debe haber sido generada (o por lo menos revisada) en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales.

    Es en este preciso momento que aparecen en escena los analistas de políticas, personajes de nuestro gobierno cuya tarea principal es definir de una manera adecuada la problemática que aqueja a la ciudadanía, para posteriormente sugerir al gobernante un abanico de posibles soluciones en forma de políticas públicas.

    Existe una analogía que hacía un antiguo profesor mío acerca de la relación entre la política y la administración pública, él decía: imaginémonos un cuerpo humano en donde la política es la cabeza y la administración pública son los brazos. Bien, aquí podríamos agregar que los analistas de políticas son aquellos que se encuentran en algún lugar en la cabeza y tienen la función fisiológica de indicarle al político las opciones que puede tomar y sus consecuencias.

    Hay que hacer hincapié, en que la administración pública representa la práxis del Estado; es decir, el gobierno en movimiento, en acción. Y este “ejercicio” público es palpado la ciudadanía en forma de políticas públicas. Sin embargo, no debemos de olvidar la subordinación implícita que experimenta la administración pública al régimen de gobierno bajo el cual se desarrolla. El analista de políticas propone y el político dispone.

    Concentrándonos en nuestra área de estudio, los APD pudieran experimentar alguna confusión con relación al ¿porqué algunas políticas públicas se implementaron como una posible solución a la problemática que atañe a nuestra oficina gubernamental, en lugar de otras que pudieran parecerles mas lógicas y adecuadas?. En estos casos, podríamos remitirnos al contexto histórico del accionar político de nuestro país de origen o de aquél que fuera objeto de nuestro estudio o análisis.

    Una política pública es el reflejo de las intenciones que un gobierno posee para con sus gobernados. Su elaboración y posterior aplicación obligan (o debería hacerlo) a los policy maker’s a tomar en consideración las necesidades de la comunidad sobre la cual dicha política va a tener su radio de acción. Además, no desvelamos ningún misterio afirmando que las necesidades difieren de un estado a otro, así como de un municipio a otro.

    Analicemos el siguiente caso que sucedió en un municipio mexicano en 1998. El alcalde propuso poner en marcha una política social que tenía como finalidad promover el deporte a la vez que colaboraba con la ecología de la entidad. Dicha política establecía lo siguiente: “el Ayuntamiento obsequiará un balón de fútbol a dada niño que entregue en las oficinas correspondientes un neumático usado; es decir, por cada neumático que entregara se le regalaría un balón”.

    A simple vista esta política tiene un fin noble, promover el deporte y evitar la quema de neumáticos que tanto daña al ambiente. Una sola propuesta soluciona dos problemas. Pero, una vez que expuesta a consideración de la opinión pública se desencadenó una avalancha de preguntas como estas: ¿Con esta política no estaremos promoviendo el robo de neumáticos usados entre la niñez con tal de obtener un balón gratis? ¿Un niño no arriesgaría, en un momento dado, su integridad introduciéndose a lotes baldíos y basureros con el fin de encontrar un neumático? ¿No será más fácil tomar ese neumático usado que tiene mi vecino sin que se dé cuenta?

    El ejemplo anterior, nos puede dar una idea de cómo una buena intención puede desencadenar en acciones totalmente opuestas al espíritu original de la política pública en cuestión. De la misma forma sucede con los asuntos fiscales, de vivienda y salud. Se proponen soluciones que en muchas ocasiones resultan en menoscabo de una gran mayoría de la población a la cual van dirigidas.

    Por ello debemos de promover la participación de los administradores públicos deportivos en la elaboración de políticas públicas orientadas a la EFyD y, aprovechar así, su posición estratégica. O ¿Qué acaso no es el encargado de su promoción y desarrollo? ¿No es una de sus principales tareas la de exhortar a la ciudadanía a participar en actividades recreativas y deportivas? La política y los políticos sacarían un mayor provecho siendo incluyentes con los especialistas.

    También es cierto, sin duda, alguna, que no tenemos el derecho de quejarnos si no hemos puesto nada de nuestra parte para promover cambios sustanciales en nuestra área de trabajo. Tenemos la obligación de realizar trabajos de investigación sustentados teóricamente que coadyuven a la reestructuración de los diferentes programas existentes, e incluir un ánimo de innovación continua.

    Cumpliendo con lo anterior, nos estaremos acercando cada vez más a una participación plena y de común acuerdo con la Administración Pública Deportiva.

Bibliografía

• Alcántara Sáenz, Manuel (1995), Gobernabilidad, Crisis y Cambio. Fondo de Cultura Económica, México.

• Aguilar Villanueva, Luis Felipe (2000), El Estudio de las Políticas Públicas. Edit. Porrúa, México.

• Bardach Eugene, (1992), Problem Solving in the Public Sector, Graduate School of Public Policy, University of California at Berkeley.

• Bobbio, Norberto (1984), Diccionario de Política. Edit. Siglo XXI . México.

• Díaz de León, Carlos Gómez (1998), Administración Pública Contemporánea. McGraw Hill, México.

• Serra Rojas, Andrés (1997), Diccionario de Ciencia Política. Edit. Fondo de Cultura Económica. México.

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revista digital · Año 7 · N° 36 | Buenos Aires, Mayo de 2001   © 1997-2001 Derechos reservados