Introducción
El porcentaje de personas con discapacidad en la población mundial en el año
1970, era del 10% aproximadamente. En
el año 2010, se estima que había más de mil millones de personas que
vivían con algún tipo de discapacidad, es decir, un 15% de la población
mundial. La tendencia marca que la cifra de personas con discapacidad va
aumentando debido al envejecimiento de la población - las personas ancianas
tienen más riesgo de discapacidad- y al incremento de enfermedades crónicas
asociadas a la discapacidad (OMS, 2011).
Las Naciones Unidas (2007) apunta que “las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”. De forma que se desprende el concepto que la problemática
de discapacidad no viene generada por la persona, sino por la percepción de la
sociedad que tiene sobre esta.
Teniendo en cuenta que la discapacidad no subyace en los problemas de salud que
una persona puede padecer, sino que surgen de la percepción de la sociedad
tiene sobre este colectivo es muy importante
valorar qué herramientas se utilizan para promover la aceptación de las
diferencias individuales, mientras se controla y se fomenta la integración de
las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2007)
Por este motivo, Jiménez (2009) apunta que “se hace preciso regular y
ordenar las diferentes competencias públicas y privadas en materia de deporte y
actividad físico-deportiva dirigida a personas con discapacidad, estableciendo
los mecanismos necesarios para aunar y coordinar todos los esfuerzos y acciones
de los diversos estamentos hacia un objetivo general que pretenda reflejar la
normativa legal estatal y autonómica”. En este sentido, si es importante
promocionar la práctica deportiva y de actividad física en la población en
general, se hace imprescindible establecer unos mecanismos de control que velen
por las personas con discapacidad junto con otras personas en riesgo de
exclusión social.
El objetivo de este estudio es hacer una revisión de la evolución de la
legislación a nivel internacional y nacional que regula las actividades de las
personas con discapacidad física a fin de conocer cuáles han sido los
principales logros a lo largo de la historia y conocer la situación actual de
las personas con discapacidad.
El análisis se realizará des de una perspectiva global, sin embargo, se
focalizará la atención en los aspectos de promoción y participación en el
deporte por parte de las personas con discapacidad a fin de luego poder
trasladar este conocimiento a una empresa que ofrezca servicios de Actividad
Física Adaptada (AFA). Simar, Caron y Skrotzky
(2003) comentan que la “AFA va unida a
un ámbito de conocimientos e investigación que tiene su objetivo propio en la
capacidad de integrar conocimientos asociados a los diversos colectivos
especiales y a los principios que rigen a la persona en su motricidad”.
Metodología
El procedimiento para llevar a cabo la búsqueda de información se ha basado
básicamente en tres fases:
-
Búsqueda en la Biblioteca virtual de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). El objetivo principal ha sido recopilar toda la información posible
acerca de la materia a nivel nacional e internacional. En la plataforma
mencionada se han utilizado diferentes bases de datos según la temática
que se deseaba. A continuación se detallan las categorías y sus bases de
datos asociadas:
-
Ciencias de la salud: SpringerLink, PsycINFO, Informa Healthcare, Cochrane
Library Plus.
-
Ciencias sociales: Taylor & Francis - Informaworld, Oxford Journals.
-
Multidisciplinario: Factiva-Reuters, ProQuest Central (ProQuest XML).
-
Un
detalle a tener en cuenta son las palabras clave con las que se realiza la
búsqueda, es decir, seleccionar correctamente las palabras de búsqueda
puede ser un factor de éxito o de fracaso. En este caso, se han utilizado
palabras como: advocacy sports disabled spain/adapted physical activity/
disability policy/ Management disability/ sport and disability/ definition
adapted physical activity.
-
Además,
se ha hecho una búsqueda en español utilizando el buscador Google Scholar,
con las siguientes palabras: actividad física adaptada/ legislación
discapacidad/ revisión legislación deporte personas con discapacidad/
derechos discapacitados en el deporte/ revisión actividad física adaptada.
-
Selección de la información: Una vez recopilados todos los artículos
susceptibles de uso, se ha procedido a la lectura y selección de la
información relevante para el estudio.
-
Búsqueda en páginas oficiales internacionales y estatales. Paralelamente
al paso 2, también se ha hecho una búsqueda en las páginas de los
organismos oficiales internacionales y nacionales siguientes: Organización
Mundial de la Salud (OMS); Organización de las Naciones Unidas (ONU);
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o la Generalitat de Catalunya.
Resultados
y discusión
El
año 1975 las Naciones Unidas elaboran la “Declaración de los derechos de
los Impedidos”, dónde se reconocen por primera vez los derechos de las
personas con discapacidad de una forma explícita, tomando como referencia la
“Declaración de los derechos del retrasado mental” (Sanjosé, 2007).
Además,
se organiza la primera conferencia Europea del Deporte para Todos, el cual
invita al compromiso, incluso legal, de la administración local, con el deporte
como derecho de los ciudadanos. Uno de los principios enunciados en la Carta
Europea del Deporte del 1975: “Se adoptarán medidas tendentes a garantizar a
todos los ciudadanos la posibilidad de practicar el deporte y, en su caso, se
tomarán medidas complementarias que permitan, tanto a los jóvenes dotados de
posibilidades como a las personas o grupos desfavorecidos o minusválidos,
beneficiarse efectivamente de tales posibilidades” (COPEF, 1979). De esta
forma, la UNESCO estableció que las personas con discapacidad tienen derechos
específicos en cuanto a la práctica de la actividad física (Simar,
Caron y Skrotzky, 2003)
En
1981, destaca la declaración por la Asamblea General del “Año internacional
de las personas discapacitadas”. El objetivo principal era promover una mayor
integración y participación de estas personas en las actividades diarias. Con
motivo de esta Declaración, el Gobierno de España en cooperación con la
UNESCO organizó una conferencia mundial, que dio como resultado la Declaración
de Sundberg. De acuerdo con Simar, Caron y Skrotzky
(2003) el objetivo era “elaborar una declaración que pudiese servir a los
organismos internacionales y a todos los países, como punto de partida hacia el
futuro, para orientar su política de actuación, así como para adoptar las
medidas precisas para progresar en el campo de la educación, prevención e
integración”. De esta forma, destacan artículos como los siguientes:
La
década del 1982 a 1992 fue declarada como el “Decenio Mundial de las personas
con discapacidad”. Durante este período se aprobó el documento más
importante del siglo XX en el ámbito de los derechos de las personas con
discapacidad en el marco de las Naciones Unidas: Las Normas Uniformes
sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1993.
A pesar de no ser un texto que se vincula jurídicamente, se erige como el
instrumento internacional más destacado para la promoción y protección de
derechos de las personas con discapacidad, es decir, el primer paso en la
evolución hacia la perspectiva de los derechos humanos de la discapacidad
(Sanjosé, 2007)
En el
año 2006, las Naciones Unidas organizó la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad. En esta convención se produce un cambio de
paradigma ya que, según las Naciones Unidas (2007), “la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”. Según Sanjosé (2007) “la Convención de 2006 no sólo es un
tratado relativo a los derechos de las personas con discapacidad, sino un
tratado que enriquece el acervo común de los derechos humanos de todas las
personas aportando un nuevo paradigma: todos somos “diferentes” en algo a
los demás miembros de la sociedad”.
A
continuación se describe una de las líneas de acción tratadas durante la
Convención y que incumbe al deporte y la actividad física:
De
acuerdo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI, 2007), la acción desarrollada por las Naciones Unidas ha supuesto “importantes
consecuencias para las personas con discapacidad y entre las principales se
destaca la visibilidad de este grupo ciudadano dentro del sistema de
protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del
fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar
con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos
de estas personas”.
Finalmente,
según Sanjosé-Gil (2007) se observa “una tendencia mundial, que podemos
calificar de positiva, a favor de la consideración de la discapacidad como un
problema de derechos humanos”.
Estos
son los eventos más importantes a nivel internacional entre 1975 y 2006:
Tabla
3. Los eventos más importantes a nivel internacional (elaboración propia)
En el
ámbito nacional, el año 1978 se elabora el Plan Nacional de Prevención de la
Minusvalía. De la misma forma que se
establece en la Constitución Española, en el artículo 49, la atención a este
colectivo: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión,
tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
este Título otorga a los ciudadanos".
Cuadro
1. Las administraciones públicas con competencias en la materia del deporte
(Jiménez, 2009)
Después
de este plan, se creó el principal texto legislativo de referencia en la
intervención y atención a la discapacidad: la LISMI, Ley de Integración
Social de Minusválidos. 13/ 1982, de 7 de abril. Esta ley establece la
necesidad de establecer servicios en diferentes ámbitos, y uno de ellos son los
Servicios de Actividades Culturales, Deportivas, Ocio y Tiempo Libre. (Sánchez
Pérez, 2003). Esta ley supuso un punto de partida en el ámbito legislativo
a favor de las personas con discapacidades.
Por
otra parte, en lo que incumbe al deporte a nivel estatal, la Constitución
Española del 1978 ha sido unos de los pilares básicos que ha permitido empezar
con la regulación normativa del deporte, y con la consiguiente distribución de
responsabilidades entre los diferentes niveles de la administración. (Martínez
–Aldama y Ortuzar, 2008). De acuerdo con Jiménez, (2009) “uno de los
principios rectores de la política social y económica de nuestra
Constitución, es que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,
la educación física y el deporte, facilitando, asimismo, la adecuada
utilización del ocio. En las personas con discapacidad, hoy por hoy, es una
utopía la ocupación plena y significativa del ocio y tiempo libre”.
En
este sentido, cada una de estas administraciones tiene asignadas unas
responsabilidades que deben de cumplir. Sin embargo, a pesar que la sensibilidad
de la administración pública en materia de deportes adaptados ha ido
progresivamente mejorando en implicación y recursos, según Jiménez (2009) “todavía
hoy hay muchas carencias, falta de coordinación, desconocimiento, déficits
informativo-formativos, etc.”.
A modo
de ejemplo, a continuación se puede ver uno de los motivos de la Ley Catalana
del Deporte (2000): “La Generalitat de Cataluña tiene la competencia
exclusiva en el campo del deporte y el ocio, tal como establece el artículo
9.29 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual ha asumido así el mandato
que el artículo 43.3 de la Constitución española de 1978 hace a los poderes
públicos para que fomenten la educación física y hagan el uso adecuado del
ocio”.
En los
últimos años, se está prestando especial atención al tema de la
accesibilidad (Sánchez Pérez, 2003).
La OMS (2011) declara que el hecho de “eliminar
los obstáculos en los espacios públicos, transporte, información y
comunicación hará posible que las personas con discapacidad participen en la
educación, empleo y vida social, reduciendo así su aislamiento y dependencia”.
De
acuerdo con López (2001) “el estatuto jurídico de las personas con
discapacidad no es una mera colección de normas sino que representa un
auténtico proyecto de convivencia, en el que todos, juristas y ciudadanos,
estamos implicados.” En este proyecto común, la Organización de las Naciones
Unidas siempre ha mostrado una especial preocupación para defender los derechos
humanos, sin embargo, según Sanjosé-Gil (2007) “la preocupación por
la defensa de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad ha
sido tardía en el seno de dicha Organización”.
Por su
parte, el Gobierno de Méjico (2002) recuerda de que “la promoción y la
protección de los derechos de las personas con discapacidad exige la acción
institucional de los Estados, pues no sólo es necesario establecer garantías
contra la exclusión social y las prácticas de desprecio que derivan de la
estigmatización social de la discapacidad, sino que también lo es garantizar
el acceso real a las oportunidades sociales mediante una reforma sistemática y
amplia de los contextos físicos e institucionales que enmarcan su vida”. En
este sentido, Sanjosé-Gil (2007) argumenta de forma clarividente que “los
instrumentos jurídicos puestos en práctica para intentar compensar la
situación de desventaja y vulnerabilidad en materia de derechos humanos de las
personas con discapacidad no han sido todo lo satisfactorios que hubieran podido
ser si dichos instrumentos hubieran sido jurídicamente vinculantes. Porque los
Estados, pese a reconocer en muchas ocasiones la gravedad de la situación de
estas personas, pese a afirmar la necesidad de llevar a cabo políticas
positivas a fin de compensar la situación de desigualdad y la falta de
integración, no han querido (o no han sabido) dar el paso fundamental de
obligarse jurídicamente y someterse al control internacional”.
A
nivel nacional ha ocurrido lo mismo que a nivel internacional.
Rodríguez de Luengo (1999) apunta las siguientes causas:
-
La
falta de definición en las competencias de organismos y entidades, que lleva
a la descoordinación de actuaciones.
-
La
carencia de formación reglada sobre el tema, así como una proliferación de
publicaciones técnicas con notable disparidad de criterios, repercute
negativamente en el diseño y ejecución de proyectos.
-
La
legislación, poco homogénea y escasamente vinculante, adolece también de
una gran dispersión, en función de los distintos ámbitos administrativos de
aplicación.
Por su
parte, Sánchez Pérez (2003) invita a la reflexión con las siguientes
cuestiones:
-
“¿Un
desarrollo legislativo implica automáticamente mejoras en la igualdad?
-
El
desarrollo legislativo especifico en la materia que se organiza a nivel
autonómico conduce a la pregunta ¿Existen los mismos derechos en todas las
autonomías o, según el lugar de residencia, hay diversidad de oportunidades?
-
Aunque existen leyes, ¿se cumplen?”
Estas
son posibles líneas de investigación que aportarían un mejor conocimiento de
la materia y que supondrían una gran ayuda ante la urgente necesidad de evaluar
la implementación de las políticas para personas con discapacidad.
Conclusiones
El
año 1975 supone un gran hito para la lucha hacia la normativización de las
personas con discapacidad. Dicho año se reconoció por primera vez los derechos
de las personas con discapacidad de una forma explícita mediante la “Declaración
de los derechos de los Impedidos”.
A
partir de este momento, la sociedad occidental ha ido ganando conciencia sobre
la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en la vida cuotidiana
comunitaria, incluso ha habido un cambio de percepción acerca el concepto de la
discapacidad. En un primer momento se entendía la discapacidad como la
consecuencia de una deficiencia física, psíquica o sensorial; sin embargo, a
lo largo de estos años ha habido un cambio de paradigma hasta llegar a la
actualidad, donde se comparte el pensamiento que la discapacidad surge de la
actitud del entorno de las personas con discapacidad, quien tildan a dicho
colectivo como discapacitados, por este motivo, proponen un sistema de ayudas
que sirvan para eliminar las barreras, ya sean de tipo físico, comunicativo o
ideológicas con el fin de permitir que la participación de las personas con
discapacidad no presente ninguna restricción y puedan aportar tanto o más que
las personas sin discapacidad. Así pues, se remarca el hecho que todos tenemos
nuestras peculiaridades y, en definitiva, somos diferentes, por lo tanto, todos
estamos en igualdad de condiciones para afrontar las situaciones de la vida
cuotidiana.
Durante
los 31 años que engloba este estudio, ha habido una gran movilización a nivel
internacional con el fin de conseguir lo que se acaba de mencionar. El resultado
de las diferentes convenciones ha sido la redacción de textos como la
Declaración de Sundberg (1981) o Las Normas Uniformes sobre Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1993), los cuales contaron con
una gran repercusión a nivel europeo propiciando que muchos países se
adhirieran a la causa y signaran su apoyo. Sin embargo, el problema que ha
habido con estos documentos, ha sido que todas las declaraciones o normas no
integraban ninguna cláusula que fuera jurídicamente vinculante, con lo
cual muchos países apoyaron la iniciativa pero al final no la llevaron a cabo.
Por este motivo, sería importante en un futuro crear una normativa que obligara
a los países a tomar acciones jurídicas en caso que la aplicación de dichos
acuerdos no se realizará tal y como se hubiera acordado en un principio.
A
nivel nacional, el desarrollo de la legislación en materia de deporte para
personas con discapacidad ha transcurrido de una forma paralela al desarrollo a
nivel internacional, por lo tanto, hay similitudes entre ambos niveles de
intervención. Sin embargo, a nivel nacional existen unas peculiaridades que
se erigen como amenazas u oportunidades, según desde el punto de vista que se
enfoque. De esta forma, la administración pública se reparte las
competencias en materia de deporte, dando como resultado un panorama donde el
Consejo de deportes, los Consejos Autonómicos de deportes, las Diputaciones,
las Mancomunidades y, finalmente, los municipios tienen unas competencias a
repartirse. Por este motivo, el hecho de dividir las competencias puede ser
visto como una debilidad si las administraciones no tienen claras cual es su
misión y cuáles son sus competencias que deben regular; o por lo contrario,
puede resultar beneficioso porque cada nivel administrativo puede focalizarse en
optimizar las competencias que le corresponden y, en consecuencia, que todos los
ciudadanos salgan beneficiados -entre ellos las personas con discapacidad.
Asimismo,
es necesario en un futuro abrir una vía de investigación acerca de la eficacia
en la implantación de leyes o normas jurídicamente vinculantes que
salvaguarden los derechos de las personas con discapacidad
con el fin de corregir los posibles sesgos derivados de una mala cooperación
entre distintos niveles administrativos, o incluso, entre diferentes ámbitos
autonómicos.
Referencias
-
COLEGIO
OFICIAL DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (1979). Carta Europea del Deporte
para Todos. En Manifiestos sobre Educación Física y Deportes por Organismos
Internacionales, 74-76. Madrid: Colegio Oficial de Profesores de Educación
Física.
-
GOBIERNO
DE MÉXICO (2002) En la ruta de construcción de la Convención Amplia e
Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas”, Documento
presentado por el Gobierno de Méjico en la Reunión de Expertos Hacia la
Convención de Naciones Unidas para personas con discapacidad, celebrada en
Ciudad de Méjico del 11 al 14 de junio de 2002. Disponible en: http://www.sre.gob.mx/discapacidad/papers-esp.htm
-
JIMÉNEZ,
E. (2009). Agentes y factores clave en la práctica del deporte adaptado en
España: la visión actual sobre el cambio. Actas 1ª Conferencia Nacional de
Deporte Adaptado (Toledo 19-20 Mayo 2009).
-
LÓPEZ,
M.A. (2001). Normativa jurídica básica de las personas con discapacidad. A
Coruña: Fundación Paideia
-
MARTÍNEZ-ALDAMA,
I. y ORTUZAR, I. (2008). Marco jurídico del deporte y la administración
local. Especial referencia a los municipios. En VV.AA. (2008). Deporte,
Gestión y Municipio (p.589). Aspectos Clave. Bilbao: EUDEL.
-
ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS (2007) Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad y protocolo facultativo. Disponible en: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
-
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (2011). Informe mundial sobre la discapacidad. Disponible
en: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf
-
RODRÍGUEZ
DE LUENGO, M.R. (1999). Accesibilidad: un objetivo prioritario para el siglo
XXI. Integración: Revista sobre ceguera y deficiencia visual, 30, 16- 23.
-
SÁNCHEZ
PÉREZ, M.C. (2003): Reflexiones sobre los Servicios Sociales y el colectivo
de personas con discapacidad: pasado y futuro. Bits, 4. Disponible en: http://www.uclm.es/bits/sumario/13.asp
-
SANJOSÉ,
A. (2007). El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI: La Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Revista electrónica de
estudios internacionales, 13.
-
SANJOSÉ
GIL, A. (2007) “Situación del Proyecto de Convenio de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” en La protección
internacional de las personas con discapacidad (Fernández Liesa, C.), 115 y
ss.
-
SIMAR, C.; CARON, F. y SKROTZKY, K. (2003). Actividad física adaptada.
Barcelona: INDE Publicaciones.
Otros artículos sobre Actividades
Físicas Especiales
 |
|
|
EFDeportes.com, Revista Digital · Año 17 · N° 169 | Buenos Aires,
Junio de 2012
© 1997-2012 Derechos reservados
|
