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Desafíos en investigación y formación en ocio y deporte 

para América Latina. Las desigualdades sociales

 

Docente-investigador de la Universidad de Antioquia

Licenciado en Educación Física, Especialista en Cultura Política

Magíster en Salud Colectiva y Doctor por la Universidad de Valladolid, España

Víctor Alonso Molina Bedoya

vmolina@quimbaya.udea.edu.co

(Colombia)

 

 

 

 

Resumen

          Los procesos formativos y de producción de conocimiento en ocio y deporte en América Latina deben ser leídos a partir de las condiciones existenciales objetivas del continente, así una primera lectura del asunto nos obliga a reflexionar sobre el proyecto de sociedad global que se impone para los países de la periferia a través de la transnacionalización del derecho y de la economía. Igualmente, la necesidad de develar las relaciones de los desarrollos científicos y académicos con la excesiva acumulación de miseria y opresión para vastos sectores de la sociedad.

          Palabras clave: Investigación. Formación. Políticas públicas. Ocio. Deporte. Desigualdades sociales.

 

          Notas presentadas en la Reunión Técnica para la Cooperación entre los Países de Latinoamérica para la creación de una red de instituciones que actúan en ocio, deporte y educación. Brasilia, 2010.

 

 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, Nº 159, Agosto de 2011. http://www.efdeportes.com

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“Cada vez que marcho camina la palabra, cada vez que hablo heredo y transmito la historia, cada vez que recuerdo se activa la memoria, y mientras tengamos memoria, esperanza, palabra y dignidad habrá vida y libertad” (ACIN, 17.07.2009).

    Para iniciar esta intervención sobre el tema de los desafíos en formación e investigación quiero exponer de entrada mí apuesta por la triada: Unidad, Creatividad y Diversidad.

    Cuando pienso en la unidad estoy evocando el pensamiento del comandante Ernesto Che Guevara para quien la solidaridad representaba la ternura de los pueblos.

    El ser humano es siempre un ser de relación, un ser unido y ligado a los otros, y no se habla precisamente de la solidaridad que se funda en el contrato, aquella que acentúa el individualismo. Dice el Che en mensaje a la tricontinental: “Y si todos fuéramos capaces de unirnos, para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande sería el futuro, y qué cercano! (…).

    La creatividad, por su parte, nos dice el escritor colombiano Gabriel García Márquez (2003) es la posibilidad de salir del marasmo social en que nos encontramos en Colombia, resultado de una sociedad que apenas permite a amplias mayorías la sobrevivencia, y donde las personas recurren a la imaginación creadora para no dejarse morir de hambre, porque así, es como nuestros ciudadanos han aprendido a ser faquires en la India o camelleros en el Sahara. “De un país que ha aprendido a ser feliz sin la felicidad y aún en contra de ella”, argumenta el nobel de literatura.

    De otro lado, la diversidad es entendida en este texto como el rescate de lo distinto y como opción de construir un mundo a partir de lo diferente, de lo opuesto como diálogo creativo y dinámico de saberes, de éticas, de políticas y de estéticas otras. De acuerdo con la activista boliviana de ascendencia aymara Silvia Rivera Cusicanqui (2006), se trata de superar el multiculturalismo oficial y establecer en cambio, pactos de reciprocidad y convivencia entre diferentes, que nos conduzcan a la superación del proyecto hegemónico imperial, haciendo prevalecer nuestras prácticas y convicciones ancestrales.

    Es este el gran desafío para nuestros pueblos latinoamericanos orientados por la búsqueda de un mundo Otro, con una economía Otra, con unas relaciones sociales Otras, con un Estado Otro y con seres humanos Otros determinados por la firme convicción de que vivir de otra forma es posible; porque un mundo mejor, es posible y necesario.

    Al establecer esta triada como desafío para este importante Seminario lo hago soportado en datos sobre la realidad de mi país, pero teniendo en cuenta que es una realidad muy similar a la de muchos otros países de nuestro continente latinoamericano. Tenemos una realidad signada por la exclusión, la discriminación y el marginamiento de grandes sectores de la sociedad; excluidos de tener acceso a mínimos existenciales, mientras reducidos sectores viven en la opulencia, la exageración e incluso, la desfachatez.

    Para el caso colombiano, somos un país que tiene casi el 10% de su población en condición de desplazamiento interno1 según datos de Amnistía Internacional; personas que han tenido que huir de sus casas y parcelas a causa de la violencia que azota al país, seres humanos que deambulan en el propio territorio buscando donde poder sobrevivir. Somos el país más violento de Latinoamérica y ocupamos el puesto once de los más violentos del mundo. Gravísimo paisaje pero entendible.

    15 de cada 100 habitantes son afrocolombianos, indígenas o raizales condenados al abandono en sus propios territorios. 45 de cada 100 colombianos viven por debajo de la línea de pobreza; De 100 trabajadores, 57 lo hacen en la informalidad, esto es, sin garantía de protección alguna. Cada 28 horas muere un niño de hambre. Dos y medio millones de niños menores de 5 años son forzados a trabajar o a ejercer la mendicidad o la prostitución.

    Ante este panorama tiene sentido hacernos las preguntas: ¿Cuál es la relación que se establece entre el tema de las políticas públicas y las condiciones particulares de la sociedad colombiana? ¿Cuáles son los modelos de política pública social y científica que se implementan? ¿Cómo se entienden las necesidades e intereses de las personas en la construcción de la política pública? ¿Qué papel cumplen el deporte y la recreación desde las políticas públicas en la producción/reproducción de las condiciones de desigualdad imperantes en la nación colombiana? ¿Qué rasgos debe tener una política pública que permita la existencia de condiciones favorables para la garantía del derecho que tienen las personas de vivir en condiciones de igualdad y de participación activa en las decisiones fundamentales de las sociedades? ¿Tiene sentido seguir hablando de políticas públicas? O más bien, interrogar qué es lo público o lo social de esas políticas (Molina y Tabares, 2010).

    Siguiendo con el tema del seminario, en materia de ciencia, tecnología y formación, observemos algunos datos comparativos para entender como la exclusión social antes señalada se articula a las decisiones y actuaciones políticas en estos campos (investigación y formación).

    Inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación en algunos países (C+T+I). Mientras países como EE.UU. invierte el 2.8% del PIB (Producto Interno Bruto), Japón: 3%, Unión Europea: 2,3%, China: 2%, Israel: 4%, Corea y Singapur: 3%, Chile: 1% y Brasil: 1,5%, Colombia sólo destina el 0,37%, cifra que se ubica por debajo de la mitad sugerida por los organismos internacionales. ¿Se puede hablar de política pública en un país que destina 20 dólares al año por habitante a C+T+I, mientras EE.UU. 1500 y Japón 900?

    En términos de producción científica este dato de la Revista Cambio es relevante. Durante el año 2004 Colombia en 30 instituciones aportó 1.042 artículos publicados en revistas científicas agrupadas en base de datos Isi-Thompson y 1.172 para el 2005. En tanto la Universidad de Sao Paulo y la Autónoma de México produjeron en 2005, 5.038 y 2.730 artículos respectivamente (www.cambio.com.co, 29 de mayo de 2010).

    A nivel de formación se cuenta con 32 universidades estatales con recursos del Estado equivalentes al 0,25% del presupuesto anual de la nación. Tenemos 11 doctores por cada 100.000 habitantes, mientras Argentina 39 y Brasil 60. La meta para los próximos 10 años es de 4.460 doctores más, para sumar un total cercano a los 10.000 lo que equivaldría al 0,022; 10 veces más injusto que Brasil. En formación avanzada se tiene que existen 2.054 especializaciones (84%), 332 maestrías (3,6%) y 39 doctorados (1,6%). El 1.4% de los colombianos tiene posgrados y sólo el 14% de los colombianos acceden a educación superior.

    Los anteriores datos son coherentes, y comprensibles acordes con las asignaciones presupuestales, así para el año 2010 de un presupuesto aprobado por el Congreso de la República de Colombia de 148.3 billones de pesos, $600.000 millones tienen como destino necesidades electorales; 2.6 billones para el programa Familias en Acción (estrategia de focalización de la pobreza, para reproducir el desempleo y el empobrecimiento); 21 billones para atender necesidades de la guerra, equivalente a casi el 15% del presupuesto total, mientras a educación superior se destina el 0,25% y a desarrollo científico el 0,40%.

    Somos habitantes de países que comparten rasgos comunes de exclusión, discriminación y marginamiento, aun cuando con algunas particularidades. La historia nos ha enseñado a sobrevivir en procesos de distanciamiento y dominación, como en pocas regiones del planeta. Tomemos como ejemplo los datos anteriores referidos a la formación, la investigación y la ciencia en los que nos parecemos, para notar la exclusión y las contradicciones del sistema dominante que por un lado, defiende el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con fundamento en el derecho o mejor, en la filosofía de los derechos humanos, y por el otro, afianza un modelo económico hegemónico global que se sustenta en la inequidad y en la diferenciación; no sólo de las personas, también de las naciones y de los continentes.

    El tema de la diferenciación ha sido ampliamente tratado por escritores como el norteamericano Noam Chomsky para quien existe una gran estrategia imperial que afianza las condiciones de sometimiento por parte de los países del centro sobre los de la periferia.

    Aquí adquiere importancia el interrogante (que Zulma Palermo se hace) para el campo de la formación: “Cuáles son las posibilidades académicas para aproximar algunas respuestas a las necesidades genuinas de autogestión social, cultural y científica como instrumentos generadores de autonomía, como respuestas “descolonizadoras” para las sociedades dependientes” (En: Walsh y otros, 2002:159).

    Razón tenía el Sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos al señalar que el Sur para muchos ha sido tomado como una repartición geográfica y como una metáfora: el lugar donde se acumula el sufrimiento y la opresión.

    Esta realidad nos lleva a sugerir desafíos de integración que propendan por el reconocimiento y la colaboración con fundamento en una actividad para mí sustantiva: el develamiento, la crítica y la transformación de las condiciones que subyacen al proyecto de globalización o mundialización del capital como son: la transnacionalización del derecho y de la economía.

    Esta transnacionalización es preciso entenderla para comprender las decisiones estatales que como política de Estado direccionan el financiamiento, el funcionamiento y los contenidos de la ciencia, de la investigación y de la formación y de las políticas públicas en todos los campos.

    Según el abogado colombiano Cesar Rodríguez, se ha configurado, lo que él ha llamado, el nuevo Campo del Estado Global de Derecho (EGD). Un escenario privilegiado por el cual se produce la transnacionalización de la política pública.

    Aquí es posible encontrar una de las principales razones de por qué las políticas públicas son tan parecidas en los diferentes países aun cuando sus regímenes sean diferentes, e incluso antagónicos. Con esto se puede afirmar que la política pública se constituye en un diseño global que al igual que el progreso y el desarrollo debe ser acogido por todos los países, y de forma destacada por los de la periferia.

    Pero lo cierto sí es, que en ninguna declaración de la política pública se hace explícita la forma como es entendido el asunto de Estado de Derecho lo que lo convierte en un concepto multipropósito. Para el autor, desde una perspectiva sociológica, esto oculta “las diferencias políticas y jurídicas entre proyectos políticos de reforma del ED discrepantes entre sí, y también las luchas existentes entre los actores nacionales y transnacionales que promueven esos proyectos” (Rodríguez, 2009: 14).

    En el fondo de ese proyecto, se encuentra la preocupación de organismos como el Banco Mundial (B. M.) en su interés por recoger información sobre el Estado de derecho en el mundo a fin de construir indicadores de la gobernabilidad en el ámbito mundial y así producir un instrumento de clasificación de los países según este criterio. Igualmente esta iniciativa es financiada por organizaciones como la Unión Europea y la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), y un conjunto de empresas transnacionales y asociaciones profesionales.

    Como campo de reflexión ha sido de mucha acogida por los estudios de la economía del desarrollo, con importante inicio en los proyectos de reforma a la justicia en América Latina a partir de los años ochenta. Este campo, expresa la lucha, la competencia entre actores transnacionalizados que buscan expandir su comprensión del mundo, y allí por tanto, su comprensión del Estado de Derecho, para convertirlo en un sentido común global.

    De esta manera dos proyectos transnacionales se observan y cada uno promueve un concepto diferente de Estado de Derecho, ellos son: el neoliberalismo y el neoconstitucionalismo global.

    Para América Latina la configuración del campo ha sido una lucha permanente entre las aspiraciones de ambos proyectos: la defensa de los derechos y la promoción del mercado (Rodríguez, 2009: 74). De esta forma, el proyecto neoliberal global ha aportado importantes recursos a organizaciones promotoras de la liberalización económica mundial para que difunda la versión “ligera” del Estado de Derecho, la cual se funda en la seguridad jurídica, para garantizar reglas del juego predecibles. Mientras por otro lado, amplios sectores sociales propugnan por la versión “densa” del Estado de Derecho, que privilegia entregar una mayor capacidad al ciudadano para realizar la vida que éste desea. Esta última versión procura una expansión de los derechos civiles, políticos y económicos a los ciudadanos.

    Es inevitable ubicarnos en la tensión histórica entre la garantía de los derechos como condición de los Estados de Derecho y el componente económico, articulado éste, bajo la figura del modelo- proyecto neoliberal. Estos dos componentes en clara tensión han definido las actuaciones de los gobiernos, intencionados unos y otros menos, hacia alguno de los dos extremos: derechos o economía. Por lo limitado del espacio para la intervención no se podrá profundizar más sobre este asunto, pero lo cierto e importante para el tema que nos convoca, es que en nuestro continente se ha importado de forma excepcional, la versión “ligera” del Estado de Derecho, lo que nos permite comprender la tendencia histórica de desprotección de los derechos y las garantías individuales y colectivas para amplios sectores de la sociedad.

    Esta tensión resulta necesaria de ser abordada para entender el tema de las políticas públicas en los campos de la educación, el ocio y el deporte de nuestras naciones, pues no de otra forma se podría comprender la política pública como política social y como garantía de derechos. Sirvámonos en este momento, a modo ilustrativo de algunas conclusiones de la investigación: Espacio, esparcimiento y política- desigualdades en la distribución de equipamientos culturales: un análisis comparado entre ciudades brasileras, colombianas, venezolanas y argentinas (Melo y otros, 2009) liderada por el investigador brasilero Víctor Melo, para entender el asunto de la exclusión en el campo del ocio, específicamente en una lectura de la distribución de los equipamientos culturales en América Latina, donde la realidad es reveladora de cómo la configuración del espacio público es producto de decisiones político administrativas excluyentes.

    Se subraya del ejercicio, que hay una diferencia significativa entre los habitantes de las ciudades suramericanas en lo que tiene que ver con la facilidad de acceso a los equipamientos culturales estudiados como son: cines, teatros, centros culturales, bibliotecas y museos. Que a la mayoría de las ciudades estudiadas les asiste un proceso de concentración de la oferta cultural, de fuerte predominio en las ciudades capitales y al interior de ellas, en los sectores céntricos e históricos donde se concentra también una amplia oferta de servicios: como bancos, comercio, turismo y servicios públicos, quedando mucho más relegado el acceso a los habitantes de las comunas empobrecidas de los grandes centros urbanos.

    Que el problema del acceso a la cultura (que no se restringe sólo a estos equipamientos) está determinado, entre muchos elementos, por el aspecto económico, por el gusto, la formación y la información. Se sugiere desde el estudio que el conocimiento de los indicadores y los índices de acceso a los equipamientos culturales son de gran utilidad para la elaboración de políticas públicas y acciones sociales más efectivas y justas, pues representan una condición necesaria para la vivencia diversificada de los momentos y la formación cultural de los ciudadanos.

    Este planteamiento es coincidente, y refuerza a su vez, la aseveración del profesor Nelson Carvalho Marcellino (Marcellino y otros, 2009) de que el tema de las políticas públicas en ocio es un proceso de transformaciones variadas que involucra cuestiones amplias como: políticas de reordenamiento urbano, política de equipamientos y de espacios, reducción de la jornada laboral sin disminución de los salarios, política de transporte y la formación de profesionales y voluntarios competentes. Con esta argumentación el autor quiere llamar la atención para que la referencia al campo del ocio se haga en un marco de actuación amplio relacionado con las demás esferas de la actuación humana.

    Como se ha podido observar, los desarrollos en formación e investigación en general, y en el campo del ocio y del deporte en particular, tanto al interior de los países como en el continente latinoamericano, encuentran una clara explicación en la tensión entre mercado y la garantía de los derechos de las personas. Por lo tanto, reafirmo como al comienzo del escrito, que el gran desafío es la integración latinoamericana a partir del reconocimiento y el respeto de lo diverso y lo particular que somos, con una fuerte dosis de creatividad e imaginación para consolidar el pensamiento crítico latinoamericano.

    Para cerrar el texto y a la vez abrir el debate, decir que no obstante lo oscuro del panorama, es preciso seguir caminando, y para ello hay necesidad de recuperar la utopía y la esperanza. De acuerdo con Chomsky, “América Latina es hoy el lugar más estimulante del mundo. Por primera vez en 500 años hay movimientos hacia una verdadera independencia y separación del mundo imperial; se están integrando países que históricamente han estado separados. Esta integración es un prerrequisito para la independencia” (Chomsky, 2009, 8).

    Finalmente decir con el pedagogo brasilero Moacir Gadotti: “Necesitamos otro modo de producir y reproducir nuestra existencia en el planeta. El modo capitalista nos llevará al desastre. Otro mundo es necesario y debemos creer en esa posibilidad. Otra globalización es posible y necesaria” (Gadotti, 2007: 48).

Nota

  1. Datos de Amnistía Internacional indican que son 4.000.000 de personas en condición de desplazados en el territorio colombiano (R. C. N: 16 de julio de 2009).

Bibliografía

  • Chomsky, N. América Latina es el lugar más estimulante del mundo. En: Revista Debates # 54, Universidad de Antioquia, Medellín, 2009. (Páginas: 8-15).

  • García, G. La patria amada aunque distante. Medellín, Universidad de Antioquia, 2003.

  • Gadotti, M. Educar para otro mundo posible. Sao Paulo, Edición Publisher, 2007.

  • Marcellino, N. y Otros. Análisis Cualitativo de los trabajos relacionados a la temática “ocio y políticas públicas”, publicados en los anales de ENAREL de 1991 a 2008. En: Revista LICERE, v. 12, # 4 de 2009.

  • Melo y otros, Equipamientos culturales en América del Sur: desigualdades. Río de Janeiro, Editora Apicuri. 2009.

  • Molina, V. y Tabares, F. Política Pública en Deporte y Recreación en Medellín. Entretejiendo las posiciones de los agentes locales. 2010. (próximo a publicarse).

  • Palermo, Z. Políticas de mercado/políticas académicas. En Walsh y otros. Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino. Ediciones Abya Yala, Quito, 2002. Págs: 157-174.

  • Rivera, Silvia. Chhixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores”. En: Mario Yupi (comp.). Modernidad y pensamiento descolonizador. Memoria del Seminario Internacional. pp. 3-16. La Paz: U-PIEB IFEA. 2006.

  • Rodríguez, C. La globalización del Estado de derecho. El neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación institucional en América Latina. Bogotá, Universidad de los Andes, 2009.

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